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La actuación de los operadores jurídicos en el sistema constitucional de derechos humanos en México

Por Sarahy Cervantes

El modelo incorporado a través de la reforma constitucional de 2011, dota de una responsabilidad hermenéutica definitoria a quienes imparten justicia a efecto de que definan nuevos derechos humanos, o bien se generen nuevas formas de protegerlos.

Por la naturaleza de sus funciones, los impartidores de justicia deben ir incorporando los recientes parámetros constitucionales en la materia, ya que las nuevas fórmulas constitucionales, expresamente vinculan la obligatoriedad de la actividad del Estado a través de todas sus autoridades, en el ámbito de sus competencias a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

Esta nueva fase jurisdiccional, obliga a que los jueces no actúen como simples espectadores o como tradicionalmente lo han hecho, a ser únicamente transcriptores de la norma, sino que este dinamismo judicial llama a los operadores a abrir nuevos caminos en cada una de sus sentencias.

El nuevo paradigma sitúa a los derechos humanos como criterios de interpretación constitucional de los propios derechos, existen varios principios, los cuales deben ser especialmente considerados.

El principio de interpretación se va referir a que cuando existan diversas interpretaciones en torno a una misma norma, se debe preferir la más favorable a los derechos humanos.

Por su parte el principio de aplicación, señala que cuando existan dos normas que sin ser contradictorias entre sí, establezcan una protección de diferente extensión para un derecho humano, deberá preferirse a la que ofrece mayor protección, siempre que esto no implique restringir otro derecho humano.

El principio de validación subraya que frente a normas relativas a derechos humanos que establezcan contenidos contradictorios, deberá desaplicarse o declararse la invalidez (dependiendo de la vía procesal intentada) de la norma menos favorable al derecho humano, y en consecuencia deberá considerarse o declararse la primacía de la más favorable.

Son principios que todos los operadores jurídicos deben aplicar dentro de sus competencias.

En cuanto al control de convencionalidad implica que se ha investido al juzgador de la facultad de interpretación de normas jurídicas, a efecto que al ponerle a su consideración un asunto para la aplicación de las normas locales, deberá además analizarlo a la luz de los tratados internacionales, y en caso de que éstos últimos, consagren un derecho humano más protector de la persona, deberá desaplicarse la norma local, para preponderar la norma internacional.

Estamos en presencia de una nueva forma de cultura jurídica positiva, que implica aprender a interpretar la norma desde un punto de vista mucho más amplio al acostumbrado y es obligación de todos los actores, vigilar se cumplan con las obligaciones en materia de derechos humanos que el Estado mexicano voluntariamente ha asumido.

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