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Denuncian discriminación en los Servicios de Salud del Estado de San Luis

Denuncia Ciudadana a la Opinión Pública.

A través de este medio queremos hacer del conocimiento público la discriminación que vivimos como usuarias de los Servicios de Salud del Estado de Luis Potosí, a través de la Dirección de Salud Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria No. I que dirige la doctora Flor Lilián Estrada Martínez, afirmación que sustentamos con la relación de los siguientes hechos:

En el mes de noviembre del 2017 el personal de la Jurisdicción N° 1 nos cita aproximadamente a 14 mujeres (todas que llevaban su tratamiento en el centro de salud  San Antonio) se nos da cita a las 18:00 hrs en las instalaciones del Departamento de Salud Reproductiva ubicada en Av. Calzada de Guadalupe 530 en el Barrio de San Miguelito, lo anterior para grabar un vídeo testimonial sobre la calidad de la atención psicológica que recibíamos en ese momento por parte de nuestra psicóloga, sin indicarnos que el día lunes 26 de noviembre del 2017, este vídeo se presentaría durante la conmemoración del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres en un evento nacional y público realizado en la Plaza de Los Fundadores en el centro de la capital, y a donde asistieron funcionarios y funcionarias de diversas instituciones del gobierno federal y estatal, la iniciativa privada, sociedad civil y los medios de comunicación.

En este vídeo el cual fue reproducido una y otra vez durante la duración del evento, se muestra nuestro rostro, siete mujeres víctimas de violencia de género, las cuales acudíamos al servicio de atención psicológica en el centro de salud San Antonio en Soledad de Graciano Sánchez. Ante esta situación nos sentimos «utilizadas» principalmente porque dos semanas después de que el personal de salud presentó dicho vídeo, nos retiraron el servicio psicológico que llevábamos con grandes logros y avances importantes, esto además de revictimizarnos públicamente, reiteramos que nos hace sentirnos «utilizadas», ya que se manipuló la información para que en dicho evento los asistentes, incluyendo las autoridades, comprobaran que el servicio que proporciona Servicios de Salud era eficiente, y días después nos avisan que por falta de presupuesto federal no será posible que continuemos con la atención psicológica.

Esto nos parece contradictorio ya que en el mismo evento, personal federal del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, en su discurso mencionan que seguirán apoyando con recursos para los programas dirigidos a las mujeres de San Luis Potosí que vivimos una situación de violencia de género.

El pasado mes de enero fue suspendido el servicio de psicología del programa de violencia de género en la unidad de atención del Centro de Salud mencionado, a donde acudíamos un gran número de mujeres que vivimos violencia de género. Al enterarnos de esto le hicimos llegar a la Dra. Mónica Liliana Rangel Martínez por medio del comité de salud de San Antonio, el día 18 de enero del presente año, aproximadamente 50 cartas escritas por mujeres inconformes de la suspensión del servicio. Al no obtener respuesta por parte de ella, acudimos el día 2 de febrero a la Jurisdicción Sanitaria No. I para solicitar una cita con la doctora Flor Lilian Estrada, la cual se nos fue negada, enviándonos con la responsable de Salud Reproductiva de la mencionada jurisdicción la doctora Cristal Ruelas Verdugo quien nos recibe, pero al hacerle saber nuestra inconformidad, en un trato insensible y mostrando su falta de conocimiento ante un enfoque de género nos menciona que sí queríamos continuar con el tratamiento deberíamos acudir al centro de salud de Jacarandas, el cual está ubicado a unos 15 kilómetros de nuestra colonia y que representaría un tiempo estimado de cuatro horas para trasladarnos dejando de atender nuestros trabajos y labores domésticas así como el cuidado de nuestros hijos e hijas.

Durante la entrevista con la doctora Cristal le hicimos saber la importancia de continuar con nuestros procesos terapéuticos con la psicóloga que nos brindaba la atención, además de la importancia de finalizar con ella nuestros avances, llegando a la conclusión, por su parte, que somos un expediente más y que cualquier otra psicóloga o psicólogo pudiera continuarlo.

Por este medio mencionamos que no es justo que se nos trate como un simple caso más, o un expediente, somos mujeres en un proceso de recuperación, para la mayoría de nosotras fue muy difícil aceptar las historias de violencia que vivimos y más difícil aún entablar confianza con el personal que nos atendía, por lo que continuar nuestro proceso con otra u otro profesional nos haría sentir revictimizadas tal y como cada una se lo expresa en las cartas mencionadas anteriormente.

En este orden consideramos que la institución ha trasgredido el artículo 12 de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia las Mujeres (CEDAW), que a letra señala que los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia, además de que garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo. Además de transgredir nuestros derechos humanos, trasgredir  lo escrito en la NOM-046 y  en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre sin Violencia.

Frente a esta situación le solicitamos en un escrito sustentado con 50 cartas de mujeres a la Dra. Mónica Liliana Rangel Martínez una cita para plantearle de manera personal, además  de solicitarle que en cumplimiento de su deber y en el ejercicio de nuestros derechos, nos sea restituido el servicio de psicología con la misma profesionista de la salud que atendía a las mujeres de esta zona y contribuya a reducir los riesgos preexistentes por la ausencia de servicios de este tipo en un momento tan delicado por las condiciones de violencia de género que se vive en nuestra comunidad, considerando que el municipio de Soledad de Graciano Sánchez cuenta ya con una Alerta de Género por el elevado número de feminicidios registrados en su zona urbana. Solicitud que a la fecha a sido ignorada por lo cual hoy tenemos la orientación legal para ejercer un derecho a la denuncia por el daño moral y la violencia vivida por parte de la Institución de Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí, por la reproducción de un video con nuestros rostros sin autorización por parte de ninguna de las mujeres víctimas de violencia que ahí aparecen.

En los próximos días se realizara rueda de prensa por parte de las afectadas.

 

Nota: Los editores de Nación MX no nos hacemos solidarios ni responsables de las opiniones que sean emitidas por nuestros colaboradores o corresponsales, así como tampoco somos responsables por los comentarios de nuestros lectores publicados en el sitio web y de los que nos envían  en las diferentes formas de contactos que proporcionamos a nuestros lectores.

 

 

 

 

 

 

 

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