En el marco de la Tercera Reunión Ordinaria del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, celebrada recientemente, representantes de instancias públicas y organizaciones civiles que lo integran, llegaron a diversos acuerdos, entre los que destaca hacer un llamado a representantes de los medios informativos para que contribuyan a prevenir la violencia política, y que eviten la publicación de manifestaciones de esa naturaleza en contra de las mujeres.

Lo anterior en virtud de que distintos medios de comunicación han perjudicado directamente a funcionarias públicas y mujeres de distintos partidos políticos, pues a través de su información han menoscabado sus derechos políticos, a través de la reproducción de estereotipos de género, que representan claros actos de discriminación.

Dentro de la citada reunión se agotó una orden del día que incluyó la firma y seguimiento de acuerdos de la reunión anterior; un informe del CEEPAC sobre la participación de mujeres en el proceso de inscripción de candidaturas independientes; la presentación de la asociación Educación y Ciudadanía sobre su proyecto de Violencia política contra las mujeres 2018; y una exposición del CEEPAC sobre el monitoreo de medios en materia de género que se realizará, de acuerdo al reglamento de elecciones.

Asimismo, de la asociación civil Género, Información y Desarrollo, Guadalupe Almaguer Pardo presentó una propuesta de acción ante casos de violencia política en medios de comunicación.

Sobre el acuerdo de llamar a dichos medios a que asuman su responsabilidad en el marco de respeto a los Derechos Humanos, y en el caso particular, se busca disminuir la brecha de la representación política a fin de lograr una verdadera democracia, y fue tomado con base en lo establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.

Así, la representación del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, emitió una postura respecto a la violencia política, señalando que ésta puede ser cualquier acción u omisión cometida por una o varias personas o servidores públicos, – por sí mismos o a través de terceros -, que causen daño físico, psicológico, económico, o sexual, en contra de una o varias mujeres, y/o de su familia, para acotar, restringir, suspender, o impedir el ejercicio de sus derechos ciudadanos y político-electorales, o para inducir la toma de decisiones contra su voluntad.

Al tiempo, se estableció que dicho acto u omisión puede ser perpetrado por el estado; superiores jerárquicos; colegas de trabajo; partidos políticos o representantes de éstos; así como por los medios de comunicación y sus representantes; particulares; y/o grupos de personas.

Con base en lo anterior, se hizo notar que en medios locales, se han difundido casos de mujeres políticas, funcionarias públicas y aspirantes o no a cargos de elección popular, quienes han sido enmarcadas en roles patriarcales, tradicionales, estereotipados, y limitados, con un lenguaje sexista, moral sexual, y se les da un tratamiento diferenciado al rol de los hombres en la política, lo que las desalienta de participar en ese campo, y en general en el ámbito público, constriñendo su actividad a la vida privada, con el objetivo de perpetuarlas en los roles tradicionales y estereotipos  de género.

Por ese motivo, si bien actualmente hay conductas de violencia política contra las mujeres no tipificadas como delitos, algunas de ellas podrían considerarse como delitos penales o electorales, o como discriminación, daño moral, infracciones electorales, entre otros.

En particular, se reveló que el manejo inadecuado por estereotipos de género en la participación política; contenidos difamatorios, oprobiosos e infamantes; calumnias y amenazas de forma sexista, constituyen actos de discriminación y podrían ser canalizados por la vía penal, al igual que otras expresiones agraviantes.

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Para finalizar, las instituciones integrantes del Observatorio de Participación Política de las Mujeres determinaron ofrecer próximamente a representantes de los medios de comunicación una capacitación orientada a evitar ese tipo de acciones, que hoy les sitúan como perpetradores de discriminación y violencia política contra las mujeres.

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