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El Consejo ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos da a conocer el siguiente posicionamiento

El Consejo ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con motivo de los señalamientos que ha realizado la C. Yvett Salazar Torres que funge como titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental en contra del Consejero Ciudadano Luis González Lozano, emite el presente posicionamiento para ofrecer un respaldo a nuestro compañero Consejero y rechazar cualquier acto que tenga como propósito frenar u obstaculizar las actividades de protección y defensa de los Derechos Humanos.

El Consejero Luis González Lozano se ha destacado por realizar labores de litigio estratégico para la protección y defensa de los derechos ambientales, de forma individual y colectiva desde la organización Cambio de Ruta, A.C. de la que es miembro fundador. Dentro de estas actividades el Consejero ha señalado públicamente la omisión de las autoridades en la medición de la calidad del aire en el Estado y ha interpuesto juicios de amparo para impulsar la prevención y control de la contaminación del agua, del aire y del suelo, en general ha realizado labores de difusión para promover la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico.

El pasado 24 de abril fue publicada la noticia de que el Consejero Luis González fue denunciado penalmente por los delitos de “robo de información con valor científico, usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de condecoraciones o uniformes”; “sabotaje, delito cometido contra funcionarios públicos, revelación de secretos, acceso ilícito a sistemas y equipo de información y robo de documentos de oficina” SIC, por parte de la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, esta noticia fue difundida por el medio de comunicación “Código San Luis”.

En este contexto, este Consejo estima que la servidora pública demandante se encuentra utilizando indebidamente la estructura burocrática con que cuenta para intimidar y obstaculizar la labor de defensa de los derechos humanos que realiza el Consejero.

Las labores de defensa de derechos humanos han sido reconocidas como un derecho humano[1] que contempla: a) el derecho individual y colectivo de conocer, recabar, obtener, recibir y poseer información sobre todos los derechos humanos; b) publicar, impartir o difundir libremente a terceros opiniones, informaciones y conocimientos relativos a todos los derechos humanos; c) estudiar y debatir si esos derechos y libertades fundamentales se observan, tanto en la ley como en la práctica, y a formarse y mantener una opinión al respecto; d) a tener la oportunidad efectiva, sobre una base no discriminatoria, de participar en el gobierno de su país y en la gestión de los asuntos públicos; e) presentar a los órganos y organismos gubernamentales y organizaciones que se ocupan de los asuntos públicos, críticas y propuestas para mejorar su funcionamiento y a llamar la atención sobre cualquier aspecto de su labor que pueda obstaculizar o impedir la promoción, protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales; entre otros.

Este Consejo ciudadano observa con preocupación como se materializa en este caso la situación que observó el relator especial de las Naciones Unidas sobre defensores de derechos humanos, Michael Forst, al describir que “las actividades de los defensores de los derechos humanos en México han sido criminalizadas a través de un mal uso deliberado de la legislación criminal y de la manipulación de los poderes punitivos de las autoridades, tanto por actores estatales como no estatales, para entorpecer e incluso paralizar los esfuerzos de ejercer su legítimo derecho a promover y proteger los derechos humanos”.[2]

El Consejo ciudadano de la CEDH condena cualquier actividad que tenga como finalidad dificultar o desalentar la defensa de derechos humanos desde los contextos ciudadanos. Cabe señalar que en San Luis Potosí no se cuenta con un mecanismo o política pública que proteja o impulse las actividades de defensa de los derechos humanos, lo cual es muy necesario pues las aportaciones y la visión crítica de los activistas, representantes de colectivos y organizaciones de la sociedad civil contribuyen al debate y diálogo sobre la vigencia y observancia de los derechos humanos hoy en día; incentiva la participación ciudadana y por ende la conformación de un Estado plural y democrático.

Dado en el Estado de San Luis Potosí, el dieciséis de julio del dos mil dieciocho por el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí.

Jorge Andrés López Espinosa. Graciela Martínez Morales. Giselle Meza Martell. Juan Refugio Granados Naranjo. Jorge Arturo Valle Haro. Ma. Guadalupe Mendiola Acosta. Karla Beneranda Martínez Contreras. Paloma Blanco López. Martín Beltrán Saucedo. Luis González Lozano.

[1] Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.

[2] Informe competo disponible en https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/008/54/PDF/G1800854.pdf?OpenElement

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