La (in)definición de las políticas educativas en México y su impacto en San Luis Potosí

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Adolfo del Río Martínez

México enfrenta problemas graves, por lo que resulta de vital importancia para el gobierno federal definir en detalle las teorías, mecanismos e instrumentos con los cuáles pretende resolver los problemas públicos, a la vez que requiere establecer canales de comunicación y coordinación efectivos con las entidades y estas a su vez con los gobiernos municipales. Sin embargo, la ruta que siguen las principales políticas públicas de la nueva administración muestra avances variopintos, en el mejor de los casos. Analicemos el rubro educativo.

No queda claro el rumbo real en la política educativa por parte del Estado mexicano, a pesar de la aparente claridad de los objetivos. En mayo de 2019 la Cámara de Diputados modificó el artículo 3° de la Constitución ampliando las garantías que el Estado deberá proveer en términos de la oferta y excelencia en el servicio educativo, en particular en educación superior, educación inicial, capacitación docente y excelencia en los aprendizajes de los estudiantes. Pero también se deshicieron los avances en materia de evaluación de los resultados de las políticas educativas, no solo eliminó la evaluación de los docentes, directores escolares y otras figuras de acompañamiento pedagógico para las escuelas del servicio público, lo que de por si genera preocupaciones sobre la incidencia de los sindicatos en el control de las plazas en el servicio educativo.

En septiembre de 2019 se publicó la nueva Ley General de Educación, que refuerza el enfoque de las modificaciones constitucionales. En noviembre deberá publicarse el Programa Sectorial de Educación 2019-2024, y durante la primera parte de 2020 la SEP irá publicando los lineamientos, reglamentos y demás disposiciones normativas para detallar los procedimientos con los cuales se habrían de realizar los grandes objetivos definidos en la Constitución y leyes federales, de los cuáles poco se sabe hasta el momento. También surge un problema en la medida que no se ha traducido con claridad el enfoque de la “Nueva Escuela Mexicana”, que es la propuesta de modelo pedagógico de la actual administración, en una implementación y realización de acciones concretas en las escuelas por parte de los agentes educativos, más allá de un taller de capacitación que se tuvo en agosto antes del inicio del ciclo escolar 2019-2020.

Los objetivos del sector educativo de la presente administración son claros, eso se puede conceder, el problema es que ni la propuesta de asignación presupuestal, a discusión en el poder legislativo (ya modificada y aprobada en Cámara de Diputados el 18 de octubre, queda pendiente aún en el Senado) ni los programas ya en marcha y planteados en estos momentos tienen una consistencia lógica entre lo que se pretende lograr y los mecanismos dispuestos para alcanzarlos.

Por ejemplo, bajo la promesa de garantizar el acceso a la educación superior la respuesta ha ido en dos sentidos: 1) distribuir becas universales no condicionadas llamadas “Benito Juárez” a estudiantes que lo soliciten y 2) la creación de 100 “universidades”, la mayoría con una o dos carreras en cada plantel y con una reducida capacidad de alumnos. Sin embargo, los recursos para estas medidas no salen de la nada, y en la propuesta presupuestaria de la Secretaría de Hacienda la asignación a las Universidades autónomas de las entidades generó aún mayor tensión sobre su situación financiera, algunas de ellas ya en crisis y sin solvencia económica para pagar a su personal.

Además, las carreras creadas en las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García no cuentan con los estudios de factibilidad a largo plazo, de absorción del mercado laboral de los futuros egresados, conexión con las industrias o mercados de servicios profesionales locales, entre otras dificultades. De hecho, en la página oficial no están disponibles (al 23 de octubre de 2019) los planes de estudio ni información detallada, a la vez que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya ha reconocido fallas en las universidades, sobre las que dijo que ya se está trabajando.

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Otro ejemplo de la distancia abismal entre los objetivos educativos y los instrumentos para realizarlos: Sobre la garantía de educación inicial, (antes del preescolar), el recurso propuesto por la SHCP para 2020 es 3% menor que en 2019, esto es cerca de 800 millones de pesos, de los cuales casi 500 millones son de nuevo para las estancias infantiles del Partido del Trabajo como lo fueron este año. Aunado a la cancelación de las estancias infantiles de la Secretaría del Bienestar a principios de 2019 y sin un padrón integrado de los oferentes del servicio de educación inicial entre los distintos organismos del sector público (IMSS, ISSSTE, DIF, PEMEX, SEDENA, Marina, entre otros), subrogados, subvencionados y privados, además de programas con modalidades de atención distintas como el de CONAFE, no queda claro cómo se va a expandir la cobertura en el mejor de los casos, no se diga asegurar la calidad del servicio y seguridad de las niñas y niños en los centros de desarrollo infantil, estancias y guarderías.

Así con cada tema, que han suscitado debates entre académicos, sociedad civil organizada, docentes, padres de familia, periodistas, columnistas y ciudadanos (tanto críticos como simpatizantes de la actual administración federal), pero me parece que poco se ha presionado para integrar el debate y bajarlo a contestar los detalles: ¿Cuál es el rumbo de la política educativa en México? ¿Qué instituciones, mecanismos e instrumentos se van a poner en funcionamiento para realizarlos? ¿Son pertinentes y lógicas las conexiones entre los objetivos y los instrumentos? ¿Los recursos asignados son suficientes y se invierten adecuadamente y sin corrupción de por medio? Tampoco se ha profundizado mucho en las implicaciones de los cambios actuales para las entidades ¿Cuál es rumbo educativo de San Luis Potosí?

La idea es sencilla, si las políticas que ponen en marcha los gobiernos deben resolver problemas públicos, lo más sensato sería que el diseño de programas y acciones estuviera basado en evidencia científica, o al menos, en una hipótesis plausible. La lógica imperante da la impresión de que es otra: el control de las instituciones, evitar y atacar la crítica, cooptación de sindicatos, satisfacción de sindicatos que actúan y solicitan resoluciones al margen de la ley, así como la captura y mantenimiento de clientelas.

En esta etapa de cambios y en búsqueda de nuevas definiciones las entidades tienen la posibilidad de entablar un diálogo con las autoridades educativas federales en el que soliciten y negocien por recursos suficientes y que la normatividad resultante incentive la adecuación y focalización de programas con respecto a las necesidades educativas locales y no producto del cálculo político del partido en el poder federal. Pero abrir este frente sería un esfuerzo complicado para las entidades, y creo que es el caso de San Luis Potosí, sobre todo en la medida que no tienen vías efectivas ni los recursos para diseñar sus propios programas o políticas educativas, donde aplican y focalizan como pueden.

Tenemos una administración estatal agotada en muchos rubros, en materia educativa, sobre todo en los niveles obligatorios San Luis Potosí ha navegado con inercia, donde preocupa mucho a los funcionarios una nota periodística negativa por haber bajado algún lugar en los principales indicadores y estadísticas educativas, pero no se hace algo extraordinario por avanzar de forma eficaz. Tenemos una entidad en la que la Secretaría de Educación (SEGE) es una de las principales dependencias a las que la Comisión Estatal de Derechos Humanos dirige recomendaciones en la materia. Tenemos un estado que no ha consolidado la capacidad de crear programas propios con un impacto positivo, que no ha podido modernizar su organización al interior de la Secretaría de Educación, que está conformada en su gran mayoría por funcionarios miembros del SNTE y los puestos de supervisión e implementación directa de la normatividad del sector se negocian y no se concursan de forma alguna, que no ha mejorado los resultados de sus políticas de manera sustancial, que ofrece un servicio público educativo que continua enfrentando serios retos de infraestructura en todos los niveles, con problemas de cobertura, sobre todo en los niveles inicial, preescolar y media superior, tenemos una entidad donde más de la mitad de los estudiantes en el servicio educativo público no adquieren los aprendizajes esperados para cada nivel educativo.

Hay muchos temas pendientes y en San Luis Potosí es frecuente encontrar muchas notas en medios locales sobre la inversión en educación por parte del gobierno estatal o municipales, pero en las estadísticas e indicadores de terceros los avances son más bien lentos, donde lamentablemente también son frecuentes noticias sobre denuncias e investigaciones de abusos cometidos por agentes educativos, a lo que suele seguir una reacción de “se revisará el caso” pero no hay análisis o propuestas concretas para resolver las causas de ese tipo de eventos. Tenemos una entidad dónde casi no se discute el rumbo, objetivos y acciones específicas de las políticas educativas (o estas se quedan en los espacios académicos). Sería muy positivo que funcionarios, diputados locales, académicos, docentes y directivos, normalistas, sociedad civil organizada, sindicatos, estudiantes y padres de familia participemos en ese debate y construyamos soluciones, esto sería devolver el carácter público a las políticas educativas de la entidad.

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