CULTURA DE LA LEGALIDAD, EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL

Lic. Y M.C.I. Rafael Munguía Garduño
Especialista en impuestos y comercio internacional
Catedrático, conferencista, asesor y promotor cultural.

El estado de derecho es la institución más prometedora desarrollada por los hombres, para mejorar la calidad de vida de la sociedad, donde los ciudadanos y autoridades se conducen con base a la legalidad, se trata que los ciudadanos participen activamente en el cabal cumplimiento de las leyes y normas. El profesor emérito Roy Godson de la Universidad Georgetown plantea que “En una sociedad regida por el estado de derecho, la gente tiene capacidad para participar en la elaboración e implementación de las leyes que rigen a todas las personas e instituciones dentro de esa sociedad, incluyendo al gobierno mismo”. Por lo que una cultura de la legalidad apoya al estado de Derecho.

La crisis de legalidad que atraviesa nuestro país, derivado de la ineficacia de las instituciones para asegurar el respeto a las normas jurídicas básicas, ha permitido germinar y fortalecer prácticas indebidas como a la corrupción y a la impunidad. Algunos ciudadanos de manera irresponsable expresan “Que las leyes se hicieron para violarlas”, restando el valor al poder ciudadano, a la organización política, pero sobre todo al orden jurídico que en toda sociedad debe existir. Sin una cultura de la legalidad, la sociedad es vulnerable a que se cometan todo tipo de delitos, sin leyes y sin impartición de justicia eficaz, la cultura de la legalidad, por si misma es incapaz de mantener el estado de derecho.

Un estado competente se caracteriza porque las leyes se cumplen y las instituciones públicas tienen la fuerza para contender a los criminales. Desafortunadamente, todos los días, observamos violaciones a las leyes que cometen políticos, funcionarios, empresarios y líderes sociales; este deterioro social ha contribuido al abandono de principios fundamentales como es el respeto entre los individuos y las familias. Hoy el delito es una constante que limita las libertades individuales y colectivas, propiciando una cultura del miedo que beneficia a cierto sector empresarial, donde los ciudadanos se obligan a pagar protección por la seguridad propia, de sus familias y de sus bienes.

La disociación entre la participación ciudadana y el compromiso al cumplimiento de las leyes, contribuye a que las leyes emitidas no se cumplan. Esto indudablemente afecta en el bienestar de la sociedad.

Aristóteles afirmaba lo siguiente:

 “Somos lo que hacemos repetidamente, por eso el mérito no está en la acción sino en el hábito”.

Por su parte, el filósofo mexicano Samuel Ramos, discípulo de Antonio Caso expresaba:

“… Para que cualquier reforma de la vida mexicana se construya sobre bases sólidas, es necesidad fundarla en una profunda reforma del carácter de nuestros hombres”.

Sin lugar a dudas, la formación del carácter es clave para desarrollar las competencias ciudadanas y promover la cultura de la legalidad, puesto que implica fortalecer un conjunto de virtudes y disposiciones que lleven a los alumnos a comportarse a los más altos estándares. Aristóteles decía que existe gente buena en el mundo, y que ésta muestra dos tipos de excelencia, excelencia de pensamiento y excelencia de carácter (êthikai aretai).

Los nuevos líderes deben mostrar un carácter cimentado en las virtudes cardinales: Prudencia, justicia, fortaleza, templanza y en valores esenciales tales como la integridad, la compasión, la generosidad, el sacrificio y la amistad.

Recientemente, World Justice Project (WJP) ha reconocido a República de Finlandia como uno de los países mejor calificados con el Índice de Estado de Derecho, lo cual es congruente con su sistema educativo, que ha sido reconocido como un modelo de referencia dentro del mundo desarrollado.

Las instituciones educativas juegan un papel importante en la cultura de la legalidad, por lo que se tiene que impulsar un modelo integral donde se involucre a la comunidad, familia e instituciones educativas. Sin una cultura de legalidad, la mayoría de la gente seguirá actuando por sus expectativas de que otros se comporten en forma similar y porque creen que es lo mejor para todos.

El gobierno puede tener un papel central en la creación del ambiente legal para la ciudadanía, pero las organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, instituciones educativas, organizaciones sindicales, también están obligados a trabajar en conjunto, en una corresponsabilidad ciudadana, permitiendo el fortalecimiento de cohesión social.

Concluiré mi artículo con la siguiente frase del filósofo francés Jacques Rousseau:

“Construyan, ciudadanos y tendrán lo que necesitan”

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