DE PESOS Y CONTRAPESOS

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Revocación de mandato popular: juego perverso carente de legalidad.

Por Raúl Paulín

Al inicio de su gestión, el Presidente de la Republica, Lic. Andrés Manuel López Obrador,  dio a conocer a la sociedad mexicana sus intenciones de enviar una iniciativa de ley al Congreso de la Unión sobre la revocación de mandato, pues se encontraba confiado en el histórico índice de popularidad del que gozaba, ya que el un 85% de la población mexicana confiaba plenamente en él, esto según empresas encuestadoras de nuestro país, cosa que ningún actor político en la historia de México había alcanzado.

Esta manifestación de inmediato provocó reacciones en la sociedad, tanto de sus simpatizantes como los detractores asumieron posturas a favor y en contra, y el tema ocupó a las plumas más brillantes de México; todas abordaron la pertinencia e implicaciones de una posible revocación de mandato en una sociedad cada vez más polarizada, y más porqué esta iniciativa representa el mecanismo ciudadano de retirar el mandato democrático, y legalmente constituido, a los gobernantes electos mediante el voto popular, antes de que expire el período para el cual fueron elegidos.

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Nuestra constitución marca que el presidente electo fungirá por un período de seis años, mismo que inicia el primero de diciembre del año en que fue electo, de igual manera también prevé las formas de suplencia y los casos en que ésta aplicaría.

El señor López Obrador fue elegido para un período de seis años y cuando esto ocurrió la revocación de mandato no se contemplaba, es decir, en caso de aprobarse la iniciativa ésta no podrá ser retroactiva, por lo tanto, cualquier modificación a la ley no se podrá aplicar aplica para él, si no para el subsiguiente. Es un juego perverso hacer creer a la ciudadanía que la revocación de mandato lo incluiría a él, y sin duda los congresistas y magistrados lo saben perfectamente, como en el caso Bonilla.

Hoy, a un año y seis meses, la popularidad del presidente ha disminuido considerablemente, pues las encuestas serias dicen que las preferencias están por debajo del 50% y se torna peligroso para el país un eventual escenario de destitución, aunque la ley en la materia es clara.

Resulta preocupante entonces el evento planeado para el año 2022, cuando será sometida al escrutinio popular la figura presidencial. Si la mencionada iniciativa de revocación no prospera se argumentará fraude, pero si llegara a prosperar se hará uso del concepto de nulidad de la modificación constitucional, lo que es ilegal y causará caos. En cualquier de los dos casos el país sufrirá un retraso más agudo del que padece ahora y será el pueblo quien sufra las consecuencias.

Lo que sí es claro es el hecho de que los mexicanos no deberíamos permitir que este acto se lleve a cabo por las condiciones que generaría, por ello es responsabilidad del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación ejercer un verdadero CONTRAPESO para anular esta iniciativa que difícilmente tiene cabida en el escenario político mexicano, porque es en la ilegalidad y desde la mentira donde se está gestando.

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