Por: Ismerai Betanzos
El Día de la Mujer Indígena se conmemora cada 5 de septiembre, fue instituido en 1983 en el Segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América, en honor a Bartolina Sisa, guerrera Aymara que se opuso a la dominación colonial, asesinada de manera brutal el 5 de septiembre de 1782 en La Paz, Bolivia.
En este marco, se reconocen los aportes de las mujeres indígenas en las luchas de sus pueblos y comunidades, en la defensa del territorio y de los recursos naturales, la protección de los conocimientos tradicionales, la transmisión de la cultura y de la lengua, pero también debemos analizar y actuar en consecuencia, respecto a las enormes brechas que aun separan a las mujeres y niñas indígenas del desarrollo. Frente al resto de las mujeres y frente a los hombres en las comunidades, así el Estado debe atender y dar respuesta a esa doble violación de los derechos humanos de las mujeres indígenas.
Con base en la metodología de “hogar indígena”, derivado de la Encuesta Intercensal 2015, en México habitan 6,1 millones de mujeres indígenas (51.1.%), con base en la publicación “La pobreza en la población indígena de México, 2008 – 2018” de publicado por CONEVAL en el 2019, la precariedad en las condiciones de vida de la población indígena en México ha sido sistemáticamente mayor a la de la población no indígena, y las brechas existentes entre el bienestar de la población indígena y no indígena es similar a las encontradas en el 2008. Las brechas más grandes (más de 27 puntos porcentuales) entre población indígena y no indígena en situación de pobreza se presentaron en Durango, Nayarit, San Luis potosí, Chihuahua, Yucatán, Hidalgo y Chiapas.
El Comité de la ONU que supervisa el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, vinculante para México desde 1981, en su última evaluación en 2018, recomendó al Estado mexicano, entre otras, incrementar los recursos asignados a la educación y a la atención de la salud de las mujeres indígenas y del medio rural; ampliar el acceso de las mujeres indígenas a la propiedad y tenencia de la tierra; establecer un marco jurídico en el marco de los proyectos de desarrollo para garantizar la obtención del consentimiento; así como garantizar el acceso de las mujeres indígenas a servicios básicos en la vivienda, oportunidades de empleo y que se mejore el reconocimiento y la preservación de sus prácticas culturales tradicionales.
Sin embargo, en México las mujeres indígenas son invisibilizadas desde las instituciones, así por ejemplo, la principal encuesta para identificar las violencias contra las mujeres, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), levantada por el INEGI no considera la pertenencia étnica de las mujeres que son encuestadas, lo mismo sucede con la información administrativa en las instituciones de justicia que invisibiliza las violencias contra las mujeres indígenas.
Asimismo, las mujeres indígenas han sufrido en mayor medida las consecuencias del racismo en México, con base en datos presentados por “…Bronfman y Castro (1989), en el periodo comprendido entre 1970 y 1981 se realizaron 1 millón 300 mil esterilizaciones femeninas, la mayoría de éstas (75%) en servicios de salud públicos. El 32% de las mujeres esterilizadas era menor de 27 años, 54% analfabetas, 21% no había complementado su tercer año de primaria, y 98% vivía en comunidades indígenas. Llama la atención que la fecha de 68% de las esterilizaciones coincidiera con el momento de nacimiento del último hijo/a. Este hecho sugiere que el consentimiento para el procedimiento se obtuviera en un contexto –el parto- en el que la mujer no podía tomar una decisión de forma libre ni meditada. Incluso como argumenta OverMyer-Velázquez (2003) es complejo definir lo que significa dar el consentimiento en un contexto de pobreza extrema de las personas indígenas.”
Los estudios de la violencia obstétrica en general son recientes en México, en el caso particular de mujeres indígenas se ha centrado en el vínculo de algunos programas sociales y la esterilización forzada, “Estas prácticas han sido reportadas en varios países como Estados Unidos, México o Perú (Castro & Frías, 2017; Stern, 2006) como parte de las políticas de planificación familiar que son formuladas e implementadas por grupos sociales distintos a sus supuestos beneficiarios. Este es el caso de denuncias de esterilización en México asociadas al Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), al Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), y al Programa Oportunidades (Menéndez, 2009) La política de esterilización, por un lado, ofrece bonos a los proveedores de servicios médicos, al tiempo que en algunos casos ofrece bienes o “cosas” a las mujeres a cambio de la esterilización (OverMyer-Velazquez, 2003).”
En cuanto a la propiedad de las tierras, al 31 de julio de 2018, con base en las “Estadística Agraria” del Registro Agrario Nacional, por cuánto a órganos de Representación de núcleos agrarios, tenemos que de un total de 15,190 núcleos agrarios con órganos de representación vigentes (solo a nivel de presidencias):
| Ejidos 13,770 | Comunidades 1,420 |
| Comisariad@: 12,732 hombres vs 890 mujeres. | Comisariad@: 1,339 hombres vs 68 mujeres |
| Consejo de Vigilancia: 12,781 hombres vs 969 mujeres | Consejo de Vigilancia: 1,341 hombres vs 78 mujeres. |
En 1993 las mujeres constituían el 16.76 % de los sujetos de derechos que recibían documentos agrarios; en marzo de 2017 la SEDATU señaló que eran el 34.79 %, mientras que en núcleos agrarios certificados y no certificados hay 3,654,100 hombres como sujetos de derechos agrarios, mientras que en el caso de las mujeres son 1,298,649. Aún cuando debido a la migración particularmente de los hombres, el campo mexicano se ha ido “feminizando” en cuanto a los trabajos en el medio rural, no así en la titularidad de la tierra.
Por su parte, desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2011). En el Informe de “El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2011: Las mujeres en la agricultura, cerrar la brecha de género en aras del desarrollo”, se señala que las diferencias de género en el acceso a la tierra y el crédito influyen en la capacidad relativa de las agricultoras y los agricultores y las personas emprendedoras para invertir, operar a escala, y beneficiarse de nuevas oportunidades económicas.
En cuanto a la participación de las mujeres indígenas en la toma de decisiones, hemos visto en los ultimos años un mayor número de mujeres que toman las tribunas nacionales e internacionales, sin duda, muchas organizaciones como la Alianza de Mujeres Indígenas y la CONAMI, y muchas más desde lo local, avanzan en el fortalecimiento de los liderazgos de las mujeres indígenas y de los liderazgos de las juventudes indígenas. Hay temas que aun tenemos en el tintero de las luchas, por ejemplo romper los techos impuestos por los partidos politicos que han impedido que al Congreso Federal lleguen más mujeres indígenas.
Pero lo más importante es que la sociedad deje de discriminar a las mujeres indígenas, por ello, el proceso que algunas mujeres indígenas realizamos para constituir el Frente Plural de Mujeres Indígenas por la Titularidad de CONAPRED fue importante, porque es importante visibilizar que representamos a generaciones de mujeres que han luchado al igual que Bartolina Sisa, que aquí estamos y que nuestras vestimentas, nuestras lenguas y nuestra identidad siguen dando cuenta de nuestro linaje antiguo.
Y recordando a las mujeres indígenas, muchas de ellas jovenes, con las que marché el #8M, reitero que:
Sin mujeres indígenas no hay paridad!
El feminismo será antiracista, o no será!
P.D. La información utilizada sobre esterilización forzada, es resultado de un trabajo de investigación que se promovió desde la extinta CDI y que no fue difundido.
Informa, Difunde y Transciende 