CORRUPCIÓN EN ÉPOCA ELECTORAL

El pasado 7 de septiembre, arrancó el proceso electoral que finaliza el domingo 6 de junio de 2021. Se vienen 8 meses de contienda política con un campo de batalla donde los actores políticos utilizarán todo tipo de estrategias licitas e ilícitas para hacerse con la victoria. Las calumnias, las descalificaciones y verdades a medias serán lo que prevalezca mediáticamente, esperemos que las propuestas y no las descalificaciones sean lo que predomine. Primero entre precandidatos de sus propios partidos y luego como candidatos hacía todas las fuerzas políticas.  

Según datos de la encuesta que levantó el Proyecto de Elecciones Nacionales Comparadas (CNEP) para México en 2012 y 2018, los electores en México castigan al partido en el poder por una mala gestión de la agenda anticorrupción o de las políticas públicas diseñadas para atender el problema desde las instituciones del Estado

Tomando en cuenta estos tiempos donde los corazones están agitados por todas aquellas personas que quieren ser y para ello hay que contender y sobre todo para las personas gobernadas que representa una oportunidad de esperanza y cambio, es importante hablar de la corrupción en época electoral. El control del fraude, la corrupción y las prácticas injustas es el objetivo fundamental de cualquier sistema de regulación de los candidatos y partidos políticos.

Cuando una elección se ha llevado a cabo, es esencial asegurar que todas las personas tengan confianza en la integridad del proceso, independientemente de si apoyaron a los ganadores o a los perdedores. La seriedad del fraude electoral, la corrupción y las prácticas injustas ponen en duda la confiabilidad del proceso electoral. De esa forma, vulneran la democracia misma bastantes veces cuestionada en México durante su historia.

Las prácticas corruptas electorales incluyen el soborno de votantes, la obtención de fondos de campaña mediante acuerdos de beneficios ilegales; tales como contratos favorables con el gobierno como mecanismo de recompensa a los financiadores, el narcotráfico juega sus propios intereses y por su puesto su papel resulta fundamental y aunque existan límites legales a los gastos de campaña, suele llevarse un manejo encubierto de los gastos de campaña para poder exceder los límites.

En este contexto, el repudio social a la corrupción y la presunción de que uno de sus móviles centrales es el financiamiento paralelo y oculto de las campañas políticas ha gravitado alrededor del trabajo de fiscalización de los recursos de los partidos que realiza el Instituto Nacional Electoral (INE). La paradoja es que, habiendo autoridades gubernamentales encargadas de perseguir los delitos de corrupción, no es a ellas a quienes se les exige que los combatan en el terreno de la política, compete tal atribución legal a la autoridad electoral. 

Cabe señalar que, en 2017, el tipo de delito más recurrente atendido por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos (FEPADE) siguió siendo, como en el pasado, el de alterar el padrón electoral (43% de las investigaciones iniciadas). Sin embargo, comprar votos y ofrecer servicios o bienes derivados de un encargo público que implican la utilización o desvío de recursos gubernamentales, ya representan un 22% de los casos, es decir, los posibles actos de corrupción constituyen casi una cuarta parte de las carpetas de investigación abiertas.

El tema ya está activado, pero mientras no se clasifiquen los delitos electorales derivados de actos de corrupción como graves y las sanciones sean realmente ejemplares, difícilmente se logrará inhibir la comisión de los mismos. Resulta muy barato para los infractores desviar recursos públicos hacia campañas políticas gracias a la impunidad.

La gran paradoja es que, si bien las sanciones a los partidos son cada vez más altas, no significan un alto costo para las fuerzas políticas porque las multas se cobran mediante descuentos graduales a su financiamiento público. Dicho de otra manera, el efecto de las sanciones se diluye porque su afectación a las finanzas partidarias se dispersa en el mediano plazo y ni afecta sus estrategias de campaña, ni sus actividades más inmediatas, ni tampoco les significa una merma en su relación con los electores. Las multas por faltas en sus reportes de fiscalización no parecen tener efectos sobre las preferencias de los electores, quizás por lo extendida de la desconfianza.

El tema de la corrupción está ya en el corazón de los procesos electorales y aunque erradicarla no dependa solo del INE, su carácter corrosivo no solo daña la credibilidad de los ya muy desprestigiados partidos políticos, sino que milita en contra de nuestra compleja democracia.

Por: Jesús Rafael Rodríguez López

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