PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Por: Jesús Rafael Rodríguez López

Hay cada vez más pruebas que confirman que con las condiciones adecuadas, la participación ciudadana puede ayudar a los Gobiernos a mejorar los resultados en el ámbito del desarrollo. Esta afirmación se basa en una revisión de estudios existentes en los que se han hallado vínculos positivos entre la participación ciudadana y la mejora de la prestación de servicios públicos, la gestión de las finanzas públicas, el buen gobierno, la inclusión social y el empoderamiento.

Sin embargo, las pruebas demuestran también que los efectos directos de la participación ciudadana dependen mucho de cada contexto específico, y son muy sensibles a la capacidad y la voluntad de participación de los Gobiernos y la ciudadanía. La participación efectiva también se ve afectada por factores sociales, políticos, económicos, ambientales, culturales, geográficos y de otro tipo, como los grupos en situación de vulnerabilidad.

El concepto de la participación ciudadana en México es prácticamente nuevo, mientras en algunos países de europea tuvo su nacimiento en los años 60 y 70, significa un retraso cronológico en la maduración para que los ciudadanos propongan y participen activamente en las decisiones del sector público  y su análisis como tema de investigación y de debate, encierra una especie de paradoja.

El debate acerca de la participación ciudadana adquiere un matiz radicalmente diferente. Participación es actuación participativa y participación ciudadana es la manera de actuar responsablemente respecto en lo que consiste la democracia, considerada como forma de actuar y no como una sola acción. Ni siquiera puede ser tan solo la democracia el hecho de plasmar un sufragio, pues el hacerlo es un medio supeditado a su objetivo cuyo resultado no debe ser sólo el de votar sino el acompañamiento en la toma de decisiones del ejercicio del servidor público o representante popular.

En un país antidemocrático toda participación ciudadana es imposible por definición; pero en un estado constitucionalmente democrático como el nuestro presume ser la participación ciudadana por definición algo inherente en el mismo concepto de democracia. Aspecto que no sólo se cumple con emitir un sufragio sino en la continuidad, vigilancia y acompañamiento en el ejercicio del poder a pesar del resultado electoral, el deber de los ciudadanos debería ser constante. Una de dos: o hay participación ciudadana o no hay democracia, simplemente se simula para legitimar procesos.

En pleno siglo XXI, el pariente más cercano del progreso, se llama desarrollo, que sirve para explicar y justificar muchas conductas lamentablemente normales. Culpamos por lo general de nuestros males a la pobreza y caristia, a la crisis económica y desempleo, a la Inflación, la impunidad, la pésima impartición de justicia del Estado Mexicano y ahora hasta el covid, quedándonos tan satisfechos, como si la propia evocación de esos males fuera un justificante para no tener una participación ciudadana activa y necesaria. Un crítico sin acción prácticamente sirve de poco, somos maravillosos en lo primero pero cuando se trata de lo segundo nos sobran pretextos.

Salvo extraordinarias e invaluables excepciones nos topamos dentro de los esfuerzos para enriquecer la participación ciudadana en nuestro país con los mismos vicios del sector público, pseudo activistas sociales que se piensan dueños de las distintas luchas y con ello se convierten en especialistas para extorsionar al Estado, al cual le es más sencillo conceder beneficios a cambio de evitar el golpeteo político. Sin duda es más fácil esa práctica para muchos servidores públicos que la de optimizar a las instituciones.

El esfuerzo más evidente se encuentra dentro del Sistema Nacional Anticorrupción donde la Participación Ciudadana se institucionaliza y se le da una silla dentro de un Comité Coordinador compuesto por las instituciones públicas encargadas de la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos y es presidido por el representante del Comité de Participación Ciudadana. Su objetivo es proponer políticas públicas para prevenir, combatir, medir y disuadir la corrupción.

Sin embargo, en algunos casos no se ha comprendido que se trata de trabajar de la mano de las instituciones que componen el sistema y no estar encima ni contra ellas. Ni mucho menos utilizar esta plataforma con otro tipo de intereses lejanos del quehacer legal, aún falta tiempo de adaptación para materializar resultados.

En el estudio E-Gobierno 2018 de Naciones Unidas se trataron temas relacionados con la administración pública digital y el gobierno abierto a nivel mundial. Los servicios centrados en los ciudadanos son cada vez más importantes para las administraciones públicas. Y la digitalización de procesos está siendo clave en esta transición, especialmente en ámbitos como la participación ciudadana, la prestación de servicios públicos innovadores o la publicación de datos abiertos.

Si nos centramos en la participación ciudadana digital, Naciones Unidas la define como “el proceso de involucrar a los ciudadanos a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la formulación de políticas, toma de decisiones y diseño y prestación de servicios, de manera que sea participativa, inclusiva y deliberativa”. Según el estudio Dinamarca, Finlandia y la República de Corea se posicionan como los líderes mundiales en este ámbito, seguidos por Países Bajos en cuarta posición y España junto con Japón, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos en quinta posición.

Cada país líder trabaja la e-participación de manera diferente. Dinamarca la incluye en su estrategia digital del país de 2016-2020. Australia obliga a que los nuevos servicios públicos deban cumplir con la condición de accesibilidad para todos los usuarios independientemente de su entorno y capacidades. Y Japón dispone del portal “Digital Government Idea Box” (Caja de Ideas de un Gobierno Digital) para discutir los problemas del gobierno digital con los ciudadanos y diseñar servicios digitales de mayor calidad.

México no figura en los primeros 40 lugares, ocupados por países con un Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico muy alto, sin embargo se prevé un avance considerable en el ránking por los avances de la Plataforma Digital Nacional. Se suele relacionar la participación ciudadana con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11, pero en realidad es transversal a todos los objetivos de la Agenda 2030.

Se necesita la voluntad de las instituciones de tomar con seriedad la participación ciudadana responsable, también se necesita compromiso y sacar intereses personales o de grupo por parte de la participación ciudadana para que en equipo; ciudadanía y gobierno logremos el país que necesitamos con urgencia como la gran deuda histórica.

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