DE PESOS Y CONTRAPESOS: Golpe mortal a la democracia

Por: Raúl Paulín.

En medio de la crisis sanitaria por el Covid-19 que vive el mundo entero, en nuestro país se gesta la instalación de una dictadura socialista a cargo de la 4T. El proceso arrolla todo lo que está a su alcance, bajo la complicidad de un Congreso de la Unión mayoritario afín a los caprichos dictatoriales de quien está al mando.

Con el nada cuestionable argumento de la corrupción rapaz de los anteriores gobiernos neoliberales, pero sin haber enjuiciado aún a nadie por esos actos, fueron cancelados de manera arbitraria todos los fideicomisos sociales, incluído el más sensible en este momento; el de la salud. Sin embargo, se fortalecieron los otorgados al Ejército Nacional y es ahí donde debemos poner atención.

Todo gobierno dictatorial basa su fortaleza en el ejército, pues mantenerlo como aliado le otorga un alto grado de poder. Es utilizado para contener las manifestaciones de descontento a través de la represión y en ocasiones es el que finalmente doblega al tirano con un golpe de estado o retirándole su apoyo.

Como en todo sistema similar, el caso de México no es la excepción. Se ha fortalecido a la milicia otorgándole espacios en una enorme gama de acciones que los gobiernos democráticos reservan para los civiles; se le ha cedido la construcción de infraestructura gubernamental, el control de aeropuertos, litorales, navegación marítima, de empresas propiedad de la nación, la administración de hospitales públicos y la responsabilidad de la seguridad pública, a través de la creación de la Guardia Nacional.

A este poder fáctico no solo no le retiraron el fideicomiso que ostentaba, sino que más bien le fue incrementado en grandes proporciones. El argumento de la corrupción no fue utilizado en este caso pero los Estados Unidos nos lo recordaron con la detención del general Cienfuegos, acusado de una serie de delitos relacionados con el narcotrafico.

Al amparo de la crisis sanitaria, económica y política, y en medio de las celebraciones a los difuntos, López Obrador intenta asestar un golpe mortal a la aplicación de la justicia que es responsabilidad exclusiva del Poder Judicial, a través de la Fiscalía General de la República; sin embargo, busca ceder esta facultad a la Guardia Nacional. Sería el Ejército por medio de la nueva figura policial el juzgador de civiles, cuando su función es hasta el momento solo la de garantizar la paz pública y entregar a la autoridad competente, a los presuntos delincuentes.

Pues bien, resulta que el presidente tiene las intenciones de ceder la responsabilidad de juzgar delincuentes, a su nuevo cuerpo de seguridad: La Guardia Nacional.

Diputados y senadores, no permitan que se aseste este atentado a la incipiente y maltrecha democracia mexicana. La nación necesita de ustedes, de nosotros, de todo mexicano patriota para impedir tal felonía.

Debemos ser un CONTRAPESO fuerte y vigoroso para frenar el asalto a la patria, por el bien de las generaciones futuras demos la lucha por las vías institucionales pero con firmeza, que la historia y nuestros descendientes nos juzgarán.

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