INNtenseando: Excelencia sin evaluación

Por: Sergio Dávila Espinosa

Dos compulsiones parecen caracterizar las políticas educativas de la administración actual: la aversión por todo lo que suponga una mirada externa que evalúe y reporte el estado de la realidad; y la propaganda ideológica a partir del posicionamiento de adjetivos o cambio a los sustantivos que, a fuerza de repetirse una y otra vez, terminan por aceptarse acríticamente por la sociedad. Ambas compulsiones confluyen en las políticas relativas a la mejora de la calidad educativa.

Antes de este gobierno y hoy en día en muchos otros lugares del mundo, la calidad se considera la instauración de una cultura de mejora continua, cuyo sustento es la evaluación sistemática de ciertos parámetros o indicadores considerados esenciales para que una persona o institución cumpla de manera eficiente y eficaz con su trabajo o su misión. Las políticas para la mejora de la calidad con frecuencia ofrecen incentivos basados en la meritocracia, es decir, a quienes han demostrado que son capaces de diseñar e implementar estrategias orientadas a la mejora. Es difícil encontrar un modelo exitoso de mejora educativa que no involucre de alguna manera estos componentes: calidad-evaluación-meritocracia.

La semana pasada tuve el gusto de ser invitado a la Ceremonia de Bienvenida de Líderes del Mañana 8va Generación, programa auspiciado por el Tecnológico de Monterrey que otorga becas a estudiantes que no cuentan con los recursos para estudiar en dicha institución, pero que participaron de un proceso meritocrático en el que de 12,500 aspirantes fueron elegidos 190. Escuché con interés los orgullosos testimonios de quienes han participado en el programa, y la ilusión y satisfacción de los aspirantes seleccionados para esta edición y sus familias. Los países, las escuelas y los diversos actores educativos, participan de una o de otra forma de este trinomio. Los alumnos se evalúan para con base en su mérito, obtener un espacio en una institución o programa; los maestros se evalúan para obtener una promoción; las instituciones se evalúan para obtener una certificación y los países se evalúan para obtener recursos de fondos internacionales.

Pero no sólo se evalúan para competir, la evaluación también favorece la mejora y el desarrollo. Los alumnos aprenden mejor al preparar un proyecto con el que serán evaluados, los maestros aprenden a preparar proyectos de mejora continua o de innovación y los sistemas educativos e instituciones pueden conocer mejor sus fortalezas y debilidades cuando éstas son observadas desde una mirada externa. Pero esta visión tiene sus detractores por considerar que, si los apoyos están centrados en la meritocracia, entonces no hay una verdadera igualdad de oportunidades, ya que las condiciones desde las que participan los alumnos, instituciones o países en los procesos de calidad, no son los mismos.

Así, se han cuestionado las evaluaciones estandarizadas internacionales, cuyos resultados no son favorables a nuestro país y han sido utilizados para defender un discurso ideologizado a favor de la equidad e inclusión. Pocos hemos sostenido que los resultados deberían utilizarse como una fuente de información que permitiera su análisis y toma de decisiones. Y no precisamente para subir una posición en el ranking mundial, sino para mejorar el desempeño nacional de manera sostenida en el tiempo. Tampoco gustó que la reforma educativa del sexenio anterior incluyera la evaluación de los docentes, quienes paradójicamente nos ganamos la vida como expertos en evaluación. Resistiendo como gatos panza arriba, muchos vieron en el entonces candidato López Obrador un aliado para no dar cuentas de sus conocimientos pedagógicos o normativos, ni de la forma en que éstos se aplican. El genio de la mercadotecnia política acuñó entonces la expresión “evaluación punitiva” que pronto se apoderó del magisterio y buena parte de la sociedad.

Y así, al grito de “no dejar ni una sola coma de la reforma anterior”, la nueva administración se arrogó el derecho de ignorar los aciertos y avances; así como de imponer cambios sin pasar por la molesta necesidad de justificarlos.

La primera víctima fue el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) que era la cara más visible de la evaluación punitiva a la que se sometió de manera indigna a los maestros; también se disolvió el Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS) y por consecuencia acabó con el Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior. En el primer caso, sustituyéndolo por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) y en el segundo, y a casi tres años de su desaparición, el COPEEMS y el padrón de calidad no han sido reemplazados, dejando en el olvido todos los procesos, manuales y proyectos que alguna vez los directivos se empeñaban en trabajar para conservar o acrecentar su nivel reconocido de calidad.

También fuimos testigos de un intento por abandonar la evaluación PISA al no considerarla en el presupuesto. Decisión que luego se nos dijo, había sido una falsa interpretación de la prensa, y que ésta sí se realizará en 2022. Pero también hemos visto suspenderse, o posponerse indefinidamente las evaluaciones nacionales como PLANEA. ¿Cómo asegurar entonces la mejora de la calidad educativa si no contamos con estos insumos? Es aceptado por todos que lo que no se evalúa no se mejora. Pero la estrategia gubernamental es diferente. Simplemente se reformó el artículo 3º constitucional para calificar la educación como “de excelencia” y aquí nuevamente esa compulsión por cambiar los nombres como si con ello, por arte de magia, se cambiara la realidad.

¿Qué es la excelencia? De acuerdo con el diccionario es “superior calidad”, es decir una cualidad superior que procede de una evaluación y que distingue a una persona de otra. Decir que todos los estudiantes de un país recibirán educación de excelencia, no sólo es demagógico, sino intrínsecamente contradictorio. Nada que sorprenda de un gobierno que inició autocalificando su lugar en la historia al llamar transformación a lo que es una simple alternancia. La próxima semana que inicie el ciclo escolar 2021-2022, la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes en tiempos de pandemia será realizada por los docentes en las aulas, en vez de proporcionar una prueba estandarizada que permitiera tomar decisiones.

Las becas Benito Juárez se entregan a los estudiantes de Educación Media Superior, sin importar su rendimiento, obteniéndose así un falso indicador de permanencia escolar. Durante esta etapa de pandemia numerosos estudiantes no se han conectado para realizar ni un solo trabajo, pero se presentan puntualmente a recoger su beca, cuyo destino no tienen que justificar.

Conviene preguntarse si es posible alcanzar la excelencia sin medios de evaluación y sin estímulos meritocráticos. La administración actual, parece confiar en que por simple autopercepción y una política de igualdad, acompañada de una incesante y consistente mercadotecnia demagógica, ésta se puede alcanzar, o que ya se alcanzó, como lo mencionan las pautas publicitarias de los partidos políticos afines al gobierno. Es claro que el modelo Calidad-Evaluación-Meritocracia no es perfecto y puede provocar desigualdad e injusticias, pero dudo mucho que la opción Excelencia-Autopercepción-Igualdad, tenga mejores resultados.

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