INNtenseando: Decisiones y omisiones

Como la previsible secuencia de una mala película romántica, una vez más se repitió el ritual y se pospuso en San Luis Potosí, “por una semana más”, el regreso a clases presenciales para los niños de educación básica, en sus niveles preescolar, primaria y secundaria. Nuevamente es el gobernador quien sorprende dando la noticia por redes sociales y muchas horas después, ésta es confirmada por las endebles autoridades de la secretaría estatal de educación.

Y es que podríamos pensar que ante la ola de contagios que ha alcanzado niveles nunca vistos durante esta larga pandemia, esta decisión era inevitable y prudente. Yo no lo pienso así. Me parece que a pesar de la llegada de la variable ómicron del virus, sí podríamos haber reactivado ya las clases presenciales desde hace tiempo, si de verdad la educación fuera una actividad esencial y prioritaria para la sociedad y autoridades.

Muchas veces se afirma con aires de sabiduría y superioridad que “el hubiera no existe” y con ello se da por terminada cualquier reflexión sobre los diversos escenarios que se podrían haber concretado como producto de otras decisiones y otras acciones. Y se afirma que pensar en ello, “a toro pasado”, es un sinsentido malicioso, que pone en estado de indefensión a sus responsables. Pero precisamente porque las decisiones de una autoridad inciden de manera determinante en las consecuencias que afectan la vida de los demás, revisarlas para determinar si existió negligencia o irresponsabilidad, es un derecho de la sociedad.

Y es el caso de la orden que esta semana determinó un juez federal para que la Fiscalía General de la República inicie una carpeta de investigación en contra del subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell, por las muertes provocadas en nuestro país por la pandemia de Covid-19. La orden se deriva de la demanda de varios familiares de personas que fallecieron en la pandemia, y que señalan al otrora considerado como doctor, responsable de negligencia e indebido ejercicio de la función pública por las decisiones y omisiones que han ocasionado más de 300 mil muertes reconocidas y cuatro millones y medio de contagios, cantidades que sabemos todos, están sub reportadas.

De inmediato simpatizantes de la tercera alternancia inundaron las redes con mensajes sincronizados a defender al político con el argumento de que él “no es culpable de las comorbilidades, de la pésima alimentación de miles de mexicanos, ni de la irresponsabilidad de millones”.

Efectivamente cada uno de nosotros deberemos responder de nuestros hábitos, que inciden en nuestra salud y calidad de vida. La fórmula no es tan difícil, pero requiere de cierto esfuerzo a largo plazo. El sedentarismo, la mala alimentación y los desvelos, debilitan nuestro sistema inmunológico. Además, la percepción de riesgo ha disminuido notablemente como resultado de la vacunación, sin tomar en cuenta que ésta no evita el contagio sino disminuye la probabilidad de tener complicaciones serias cuando el virus se inocula en nosotros por primera, segunda o tercera vez. Y por ende, no nos libra de ser los caballos de troya que lo transportan a nuestros propios seres queridos.

Pero las decisiones sobre políticas públicas sí son responsabilidad de las autoridades. Y también son responsables de la comunicación clara y veraz sobre la pandemia, así como del testimonio que brindan con sus actos y omisiones ante la sociedad. Aquí es donde las autoridades judiciales y la historia deberán sopesar el impacto del desdén presidencial al uso del cubrebocas, así como a la minimización cotidiana a los datos duros y la frívola prescripción de remedios caseros para aliviar los síntomas, todo esto ante la complacencia cómplice y arrogante del subsecretario López-Gatell.

Pero esta columna es sobre educación. Y aquí también hay decisiones que tendrán que revisarse. Mismas que nos tienen hoy prolongando el solsticio escolaral que me referí la semana pasada. Si la educación fuera prioridad en nuestro país, hace tiempo que se hubieran vacunado a los escolares de secundaria y media superior. Y en este mes, se deberían estar vacunando a los de primaria, como lo ha indicado y recomendado ya la Organización Mundial de la Salud.

Pero no. Las decisiones han sido tomadas con otros criterios. Muestras sobran. Como la elección de vacuna CanSino para el personal educativo y el largo período en que se le dejó sin refuerzo. Después, la tardanza en vacunar a los menores, y la forma en que fueron establecidos los intervalos de edad para por fin hacerlo. Primero los adolescentes de 15 a 17 años, evidenciando un descarado cálculo político; y más tarde agregando a los de 14 años.

Aquí cabe preguntarse, por qué la Secretaría de Educación Pública no solicitó que las vacunas en menores se administraran por nivel educativo y no por edad. Así podríamos tener ya vacunados y en clases híbridas a los más de 6 millones de púberes de secundaria, y estaríamos iniciando la vacunación de los niños de primaria. ¿Acaso no se coordinan las secretarías?, ¿Qué no es prioridad el regreso a clases presenciales como afirma el presidente? Seguramente la secretaria de educación en estos momentos tiene otras preocupaciones o ambiciones.

Sergio Dávila Espinosa
Twitter: @sdavilae

25 de enero de 2022

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: