Reforma Electoral: Perfectible sí, retrógrada no.
El gobierno de López Obrador y su cuarta transformación pretenden reformar el Instituto Nacional Electoral con argumentos por demás inverosímiles y populistas, que llevarían a un retroceso doloroso a nuestra todavía incipiente democracia, que tanto ha costado a los mexicanos construir. Su avance histórico ha originado sacrificios, muertes y otros impactos en el desarrollo del país, como para que el Congreso de la Unión avale esta iniciativa que bien vale el calificativo de retrógrada. Nuestro país ha experimentado feroces luchas intestinas en esta materia, lo mismo en los ámbitos estatales que en el federal, desde que por primera vez el México Independiente elige presidente de la República para un período de cuatro años sin derecho a ser reelecto de manera inmediata, en 1824.
Este evento resultó muy peculiar, ya que solo se registraron 38 ciudadanos en la lista nominal y todos acudieron a votar. Los candidatos fueron Guadalupe Victoria del Partido Liberal y Nicolás Bravo del Partido Conservador; el primero obtuvo 30 votos y el segundo 8. Fue así como Guadalupe Victoria se convirtió en el primer presidente de la República Mexicana y Nicolás Bravo en su vicepresidente. Resulta oportuno señalar en este momento que en aquella época los congresos locales elegían por mayoría absoluta a los senadores, y que a cada entidad federativa le correspondían dos escaños en la cámara alta.
Posteriormente, en 1911 se realizaron los primeros comicios electorales que lograron una evolución significativa en materia político electoral con un gobierno de transición; los participantes en esta ocasión fueron Francisco l. Madero que ganó con el 99.27% de la votación emitida, Francisco León de la Barra consiguió el 0.43% y Emilio Vázquez Gómez apenas alcanzó un 0.3%. Por primera vez se instituyó la «no reelección» bajo ninguna circunstancia, con el lema «Sufragio Efectivo. No Reelección» que hoy parece se pretende borrar del imaginario colectivo.
Un dato curioso es que antes de 1912 el voto emitido era cantado en la mesa electoral, pues el votante enunciaba a viva voz el nombre de su candidato y una vez hecho esto, la autoridad lo anotaba en una planilla; lo que originó entre los electores una fobia a acudir a las urnas a expresar su preferencia, por temor a represalias. Es evidente que la historia de los procesos democráticos en nuestra amada patria ha sido intensa desde que se logró la independencia y se gestó el México en el que hoy vivimos; a la postre, el paso histórico por la Revolución Mexicana motivada por las injusticias sociales y la búsqueda de libertades para que el pueblo pudiera elegir a sus gobernantes, nos hizo madurar como nación.
Ya para 1951, gracias a la Ley Federal Electoral se integra una comisión organizadora de las elecciones, formada por el secretario de Gobernación y representantes: uno de la Cámara de Diputados, uno de la Cámara de Senadores, uno de cada partido político registrado y un notario público que diera fe de hechos. A partir de esta fecha el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría encargada de la política interna del país, se convertiría en el actor principal de las elecciones.
Por aquella época, siendo 1953 se otorgó a la mujer el derecho a votar y ser votada y a partir de entonces, los cambios se sucedieron de manera constante y surgieron conflictos locales catalizadores de grandes avances democráticos. Uno de ellos, considerado incluso un parte aguas a nivel nacional, ocurrió en San Luis Potosí. Se trata del movimiento que encabezó el doctor Salvador Nava Martínez a partir de 1958 y que se prolongó hasta 1992; con este personaje tan estimado en tierras potosinas apareció por primera vez la figura de coalición estatal de partidos, denominada «Coalición Democrática». Con ella el doctor Nava se postuló como candidato a la gubernatura del Estado en aquel 1992, conformada por los partidos Acción Nacional, Demócrata Mexicano y de la Revolución Democrática.
El resultado de estos comicios es uno de los fraudes electorales más descarados de la historia mexicana, pues la autoridad competente declara ganador al periodista y político Fausto Zapata Loredo; situación que provoca una movilización sin precedentes en el Estado potosino, cuando el doctor Nava emprende una marcha al entonces Distrito Federal, para reclamar la nulidad de la elección. Nava la llamó «Marcha de la Dignidad» y como hecho anecdótico vale recordar que fue acompañado en un tramo por el hoy presidente Obrador, quien por aquellos años buscaba la ciudadanización de las elecciones. Este hecho histórico derivó en el nacimiento del primer organismo electoral ciudadano del país en San Luis Potosí, el 23 de noviembre de 1992. A este respecto, en la Sala de Gobernadores del Palacio de Gobierno, el secretario general Gustavo Barrera López declaró: “El día de hoy asistimos a un acto de trascendencia inequívoca, la instalación del Consejo Estatal Electoral».
Este hecho cobra una dimensión de alcances democráticos sin precedentes en el Estado y la nación entera. Por primera vez en la historia político-electoral potosina, la sociedad civil asume a plenitud la responsabilidad de organizar las elecciones; nacen los consejeros electorales y aquí se gesta lo que hoy es el INE. Por esta razón los potosinos debemos defender con firmeza a la institución que nos ha dado prestigio nacional como Estado ejemplo de democracia.
Volvamos al escenario nacional; en 1988 se postuló en búsqueda de la presidencia de la República, Carlos Salinas de Gortari, por el partido oficialista, Manuel J. Clouthier, por el Partido Acción Nacional y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, por la Coalición Frente Democrático Nacional, formada principalmente por partidos de izquierda, tales como el Auténtico de la Revolución Mexicana, Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Popular Socialista y Mexicano Socialista.
Durante este proceso fue significativa la participación de López Obrador, que como se mencionó líneas arriba, fungía como paladín de la ciudadanización de las elecciones. En este caso, la de 1988 se convirtió en el fraude electoral más cantado de la historia; su responsable, Manuel Bartlett Díaz -ayer vilipendiado por López Obrador y hoy defendido a ultranza-. Sin duda uno de los funcionarios de mayor influencia en el gobierno de la cuarta transformación.
Es hasta 1996 que se decreta la separación de responsabilidades entre el Gobierno Federal y los procesos electorales, y se crea un organismo con autonomía llamado Instituto Federal Electoral, que en 2014 se transforma en Instituto Nacional Electoral con las atribuciones de autónomo y ciudadano.
Resulta pues inverosímil que hoy se pretendan modificaciones absurdas, que den al traste con los avances logrados; si bien firmes, también insuficientes de la democracia mexicana. Más aún que se enarbole la ilusa idea de que será la ciudadanía la protagonista de tales cambios. ¿Por qué esta afirmación? Viene a propósito del tan cantado artículo sobre la elección por voto directo de los consejeros; esto es el supuesto más absurdo, ya que éstos buscarían el apoyo de los partidos políticos más posicionados para su promoción, quedando a su merced y por tanto del partido en el poder. Los árbitros no deben ser elegidos por su popularidad, más bien deben ser contratados por examen de oposición, con capacidad comprobada en la materia y experiencia sin lugar a cuestionamientos legítimos.
Ahora bien, se ataca el nada despreciable presupuesto que ejerce el INE, pero no se menciona que el mayor gasto es destinado a los partidos políticos y en segundo término a la realización y supervisión de las elecciones y consultas vinculatorias, a la expedición de las identificaciones oficiales del ciudadano, amén de otros gastos igual de importantes. La democracia es cara pero cuesta más al país una dictadura. Por otro lado, la pretensión de desaparecer los escaños plurinominales no tiene otro objeto que asegurar una mayoría absoluta y sin contrapesos en ambas cámaras que conforman la federación; los congresos locales, los ayuntamientos del país y como consecuencia una ciudadanía minoritaria (o mayoritaria si se permite institucionalizar nuevamente el fraude), se quedaría sin una voz que los represente. Esto significa una regresión letal para la democracia del país, el caldo de cultivo de levantamientos sociales y la puerta de entrada a un sistema dictatorial represor.
A 71 años de decretarse que el Ejecutivo como principal figura, el Legislativo y los partidos políticos controlen a la institución electoral, la cuarta transformación pretende volver a los tiempos más oscuros de la democracia mexicana. Hagamos lo que nos corresponde para impedirlo. Los contrapesos de la ciudadanía y la actuación de los diputados y senadores que impiden la mayoría absoluta en las cámaras, deben dar la cara por nuestro México y no ceder a presiones o sobornos en detrimento de los intereses más nobles de la patria.
Por: Raúl Paulín Rojas
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